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Diputados abordaron la situación de los servicios públicos en la provincia

Por: www.diputadosalta.gob.ar | Miércoles, 6 de abril del 2022

Los legisladores de las diferentes bancadas políticas recibieron al directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), quienes brindaron un informe sobre el trabajo que realiza el organismo en materia de control a las empresas prestatarias en toda la provincia. Se abordó la situación de cortes y mal servicio en distintos departamentos, como también, el incremento de los montos de las multas que aplican a las prestatarias.

En la reunión bimodal encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, precisó las acciones que lleva adelante el organismo, indicando que se está trabajando un plan quinquenal de obras estratégicas para dotar y garantizar la prestación de los servicios en los diferentes municipios de la provincia, y mejorar el servicio ya existente en otras zonas, señalando que en tal sentido se planificaron 19 proyectos de obras iniciales.

Durante el informe, Saravia expuso el trabajo de articulación con desarrolladores inmobiliarios para la integración de un régimen de subprestadores por un lado y el funcionamiento del sistema de subsidios para personas carentes de recursos por otro. En este sentido, el titular del Ente detalló que se registran más de 23.600 usuarios conectados irregularmente a la red eléctrica, lo que representa un 7% del total del sistema, situación que se busca revertir y en la que se está trabajando.

En otro sentido, coincidieron en avanzar en una Ley que incremente el valor de las multas que se aplican a las empresas prestatarias, ya que las actuales mantienen un valor inmóvil y datan de la época de la convertibilidad, previendo como monto máximo de castigo la suma de un millón de pesos, cifra que hoy está desactualizada.

Sobre este punto, desde el Ente se explicó que se busca generar sanciones que podrían llegar hasta los 40 millones de pesos, teniendo en cuenta que se tratan de empresas que facturan cifras millonarias al año, como el caso de Aguas de Norte, que ronda los 4.500 millones o Edesa, que ronda entre los 12 y los 14 mil millones de pesos, precisaron; aclarando que esta modificación representa una herramienta para que las prestatarias brinden un servicio adecuado a los usuarios. Así tambien, aseguraron que el dinero que ingrese en el concepto de multas sería destinado para la realización de obras de luz, agua y cloacas.

En tanto, se refirió a los planes de inversión local, nacional e internacional, para llegar con energía solar a localidades de difícil acceso, como el caso de Luracatao , Rodeo Colorado o el Naranjo, donde se trabaja en la instalación de paneles solares provistos por el Proyecto Permer, los que abastecerán de energía a hogares e instituciones púbicas de ocho comunidades originarias, a partir de una inversión de U$S 5.146.375.

Asimismo, y ante la consulta de los legisladores, desde el Directorio se informó que el próximo 13 de abril se realizará la Audiencia Pública en la cual se tendrán en cuenta la compensación económica en favor de los usuarios, la revisión de prioridades de inversión en infraestructura eléctrica en zonas con deficiencias de calidad, las propuestas de modelos de segmentación tarifaria, entre otros.

Por otra parte, los legisladores expusieron los reclamos de los habitantes y la situación de las distintas localidades en relación a la prestación y cobertura de los servicios públicos. A su vez, indagaron sobre la infraestructura hídrica actual y la planificación al respecto, redes de cloacas y agua potable, plantas potabilizadoras y depuradoras. Con respecto al suministro de energía eléctrica, expusieron los perjuicios ante los cortes en distintas zonas, como también solicitaron se apliquen duras sanciones ante la gran cantidad de usuarios damnificados.

Además indagaron sobre los controles y las multas aplicadas a EDESA y Trasnoa, Aguas del Norte COSAySA, y las acciones delineadas en este sentido. Por último, requirieron que se avancen en soluciones integrales en beneficio de los usuarios afectados por los incumplimientos de las empresas en la provisión de los servicios.